La educación democrática, científica, gratuita y de calidad por la que el magisterio venezolano ha luchado, requiere, para su realización, el estado y forma de gobierno previsto en los principios fundamentales establecidos en  los artículos 1 al 7 de la Constitución Nacional.

Es decir, un  estado “libre e independiente”, que propugna como valores superiores, “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la ética, el pluralismo político, la preeminencia de los derechos humanos y respetuoso del ejercicio democrático de la voluntad popular”. En consecuencia –dice la Constitución- un  gobierno “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”
La realidad fáctica del país es que el actual régimen devino en dictadura al apartarse de estos principios y fines que nos hemos dado los venezolanos, para así tener una sana y civilizada convivencia ciudadana en procura de construir la “sociedad justa,  amante de la paz”, en su búsqueda por alcanzar la “suprema felicidad, el bienestar  y la prosperidad para todos.

El establecimiento de facto de un Estado y forma de gobierno dictatorial queda al descubierto y enseña su verdadero rostro al someter al pueblo y sus trabajadores al hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, el alto costo de la vida, la inflación, el desconocimiento de los derechos laborales y las convenciones colectivas, la violencia social ejercida por el desborde de la delincuencia sin control; la institucionalización de la corrupción en casi todas las instituciones públicas, la falta de autonomía del resto de los poderes del Estado, la violación de los derechos humanos y la impunidad.
Pero frente al descontento y la protesta popular para exigir la restitución de los niveles de vida dignos y el respeto al estado de derecho, de justicia social y las libertades democráticas y políticas a las que tenemos derecho todos los ciudadanos, el gobierno del presidente Maduro ha respondido con la represión generalizada e indiscriminada, conformando un aparato represor que incluye entre otras instituciones, al poder judicial, las fuerzas armadas y hasta el poder electoral como brazos ejecutores de esta represión y cercenamiento de derechos humanos fundamentales.
El desconocimiento del derecho al voto, al sabotear la realización del referendo revocatorio para este año, así como la anulación de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional por parte del gobierno, terminan de confirmar lo que ya era un proceso dictatorial en desarrollo. Ante este dramático momento del país, el papel del magisterio venezolano no puede ser otro que el de colaborar y contribuir en el restablecimiento de la Constitución Nacional y de los derechos humanos; en especial cuando el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que el pueblo no puede ser sustituido por nadie y debe ser protagonista conciente del cambio.
La vigencia de nuestros derechos civiles, económicos, sociales y políticos; la realización de una educación democrática, científica, gratuita y de calidad, son irrealizables mientras persista el estado y forma de gobierno dictatorial en que mutó el régimen del Presidente Nicolás Maduro. En este sentido, llamamos a todos los docentes del país a incorporarse masivamente a la jornada del 26 de octubre denominada la Toma de Venezuela, para así restituir la democracia conculcada por la dictadura de Nicolás Maduro. 
¡Educador, rebélate contra la dictadura!
¡La clase del 26 de octubre es  la Toma de Venezuela!
¡El revocatorio en la calle es Democracia Popular!
¡La lucha  por la democracia es en la calle!
¡El magisterio luchando también está educando!
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez

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