El Ejecutivo Nacional anunció que el próximo primero de mayo procederá a dictar el Decreto Ley mediante el cual se reformará la Ley Orgánica del Trabajo. Esa decisión es inconstitucional por tres razones. Primera, la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución expresamente establece que debe realizarla la Asamblea Nacional. Segundo, porque legislar en materia laboral, significa legislar sobre derechos humanos. Y esa es una competencia exclusiva del parlamento. Cómo expresión de la representación del soberano, es el facultado para legislar en aquellos aspectos que comprometan la vigencia de los derechos humanos. Tercera, excede el mandato otorgado por la Asamblea al Presidente quien justificó la solicitud de habilitación en la necesidad de atender la emergencia provocada por las lluvias en diciembre de 2010.

Pero hay otro asunto de fondo. Y es ¿dónde queda la voz de los y las trabajadoras? Paradójicamente el gobierno del discurso del protagonismo y de la democracia participativa pretende realizar una reforma laboral a espaldas de ese importante sector de la sociedad que tiene pleno derecho a ser escuchado. La manera como se pretende legislar es una evidencia más que no existe un compromiso real con el derecho a la participación popular y que más allá del discurso lo que existe es la práctica y voluntad de adoptar decisiones verticales y de” cogollo”.

Es tal la falta de voluntad de escuchar las opiniones y propuestas del sector laboral que el proyecto de reforma ni siquiera se da a conocer para permitir sea analizado acerca de si es una reforma progresiva o regresiva. El hermetismo que prevalece genera evidente inquietud sobre la posibilidad que la reforma contenga normas que signifiquen retroceso en conquistas logradas con sacrificio principalmente en el campo del derecho a la convención colectiva y libertad sindical. Recordemos que en más de una oportunidad el presidente de la República ha expresado que en el socialismo los sindicatos no son necesarios y que las convenciones colectivas generan privilegios capitalistas.

Es fundamental que una ley de importancia como la laboral sea sometida a consulta y debate de trabajadores y empleadores tanto del sector público como privado, así como a sectores de la academia que tienen mucho que aportar. En tal sentido el Ejecutivo Nacional debería rectificar no legislando en esa materia. Y en su defecto la Asamblea Nacional iniciar un amplio proceso de consulta.

En la reforma laboral de 1997 se engañó a los trabajadores prometiéndoles que se fortalecerían los salarios y se eliminaría el desempleo. En aquella oportunidad el gobierno contó para su estrategia con un sector de la burocracia sindical Pareciera que hoy desafortunadamente el gobierno de turno pretende engañar otra vez a sector laboral del país y cuenta para ello con un sector sindical que hipoteca los intereses de los trabajadores por intereses partidistas. Los trabajadores y trabajadoras del país no pueden aceptar que sean nuevamente afectados en sus derechos.

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