La reciente identificación, en una fosa clandestina del Cementerio General del Sur, de la osamenta de Noel Rodríguez, estudiante de la UCV y dirigente de Bandera Roja secuestrado en 1973 por efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), viene a poner de nuevo sobre el tapete el tema de la violación de los derechos humanos cometida por los cuerpos policiales, militares y paramilitares durante los años 60, 70, 80 y 90.
Miles son los luchadores políticos y sociales que se empeñaron, luego de 1960, en coronar un verdadero sistema político democrático con un aparato económico desarrollado que respondiera a los intereses de las mayorías nacionales, sin intervencionismo extranjero. Y por esos ideales fueron marginados de la escena política y tildados de terroristas. El Estado, en nombre de la democracia, les otorgó a los cuerpos de seguridad la potestad de perseguirlos y hasta de segarles la vida, con la complicidad y protección de todo el sistema de justicia civil y militar.
Se instauró entonces la figura del desaparecido político, con la venia de la Democracia Representativa que apenas se estaba instalando. Emblemáticos son los casos de Alejandro Tejero, Felipe Malaver, Víctor Soto Rojas, Trino Barrios, Donato Carmona y los hermanos Ramón Salvador y Andrés Pasquier, entre otros. Algunos cuerpos fueron encontrados, como el de Alberto Lovera; con otros, desafortunadamente, no ocurrió igual. En todos estos años sus familiares y amigos se han preguntado por el destino de los restos de los desaparecidos políticos, a sabiendas de que fueron asesinados.
El régimen de Hugo Chávez ha declarado diferenciarse de aquel pasado político. Y se ha adueñado del ejemplo de muchos revolucionarios venezolanos desaparecidos para convertirlos en íconos de su gestión. Pero, ¿qué ha hecho el Presidente para esclarecer las responsabilidades intelectuales y materiales de las desapariciones y asesinatos ocurridos en los años que precedieron a su mandato? ¿Qué han hecho el Poder Judicial y sus órganos de investigación?
El asesinato de Noel Rodríguez es otra lamentable evidencia de las atrocidades cometidas por la FAN en aquellos años. Este joven revolucionario fue capturado por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), llevado a uno de los tantos campamentos militares antisubversivos que existieron en el país, el Teatro de Operaciones Nº 4 (TO-4), donde murió a consecuencia de las torturas sufridas durante 39 días. Su cuerpo fue desechado en una fosa secreta. ¿Cuántas tumbas clandestinas, “administradas” por la FAN, estarán repletas con los cuerpos de desaparecidos políticos?
Si el actual régimen cuenta con una FAN patriótica y distinta a las del pasado, y quiere ganarse la confianza y el reconocimiento del pueblo, entonces la FAN debe asumir con entereza su responsabilidad histórica y pedirle perdón al pueblo por sus atrocidades. Por las barbaridades cometidas en los Teatros de Operaciones. Por su participación en las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988) y El Caracazo (1989).
Asimismo el actual sistema de justicia deberá juzgar y condenar a los responsables de esos crímenes. Los familiares de las víctimas deberán ser indemnizados. Y los actos de los culpables deberán quedar registrados en la historia para que nunca más retorne la figura del desaparecido político a Venezuela.
Elvin Barreto Guédez
Miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja
@ebarretoguedez

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