Por Roberto López

Hoy 4 de octubre de 2016 se cumplen 34 años de la Masacre de Cantaura, ocurrida en 1982 durante el gobierno de Luis Herrera Campins (Copei). Lo más resaltante de esta nueva conmemoración que significó la muerte de 23 revolucionarios pertenecientes al Frente Guerrillero Américo Silva, del partido Bandera Roja, es la impunidad que acompaña a esta y otras masacres desatadas por la represión bárbara del Pacto de Punto Fijo (gobiernos de AD y Copei).
De nada ha servido la aprobación, en octubre de 2011, de la «Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958 – 1998», y la juramentación en febrero de 2013 de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Hasta la fecha, las investigaciones relacionadas con la Masacre de Cantaura no han permitido la condena de ninguno de sus responsables. A casi 18 años de revolución bolivariana, la impunidad más absoluta domina este crimen de lesa humanidad cometido por la IV República, con la ahora evidente complicidad de la denominada «V República».
Asesores de la Comisión por la Justicia y la Verdad como Luis Britto García e Ignacio Ramírez Romero, afirmaron públicamente el año pasado (2015) que las instituciones del estado venezolano no han impulsado ni facilitado la actuación de la Comisión.

Britto García es contundente cuando afirma que «encomendar la reparación de los horrores de tres décadas de violencia sistemática a tres decenas de ciudadanos de a pie, sin recursos, sin poderes jurídicos, sin acceso a expedientes inexplicablemente «secretos» o destruidos, y que tienen que trabajar a tiempo completo en otra cosa para ganarse la vida, equivale a relegar todo al olvido»[i].
Por su parte Ramírez Romero agrega: «Es inaudito que se haya acudido a los despachos de varios Ministros, y sólo salgamos con un cumulo de ofrecimientos y promesas incumplidas»[ii].
Como dice Britto García, las tareas propias de la Comisión por la Justicia y la Verdad «corresponden por obligación constitucional a órganos del Estado que disponen de competencias, funcionarios, presupuesto y poderes para ello, tales como los cuerpos de investigación policial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo»[iii]. Pero el Estado Venezolano ha pretendido dejar en manos de particulares unas tareas que sólo se pueden cumplir institucionalmente. Por su parte Ignacio Ramírez Romero, asesor de la Comisión de la Verdad, agrega:
«La postura del Estado y particularmente de altos funcionarios para con la Comisión no sólo luce incomprensible sino contradictoria a las razones plenamente justificadas de investigar y procesar los crímenes que por razones políticas cometieron quienes nos gobernaron desde 1.958 hasta 1.998″[iv].
En mi condición de combatiente del Frente Guerrillero Américo Silva, en el que estuve bajo la dirección de los Comandantes Roberto Rincón Cabrera y Faustino Lugo, denuncio ante el país la complicidad evidente del gobierno de Nicolás Maduro con el sistema de impunidad judicial que se mantiene con respecto a la Masacre de Cantaura, así como en relación con otras masacres perpetradas en el período 1958-1998, como la Masacre de Yumare, la Masacre del Amparo y la Masacre del Caracazo, en la cuales estuvieron involucrados como principales responsables numerosos altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas, además de altos funcionarios policiales y los respectivos ministros y presidentes de turno.
Cuando es evidente la docilidad absoluta que el poder judicial venezolano mantiene hacia el gobierno de Maduro, es inexplicable que no se haya avanzado absolutamente nada en el castigo a los responsables de estas masacres perpetradas contra los revolucionarios y contra el pueblo venezolano. Ninguna explicación, ningún discurso, puede explicar esta gravísima omisión histórica de quiénes se dicen «revolucionarios».
Hoy, en los actos de conmemoración de Cantaura, no tienen derecho a hablar, no tienen ningún derecho ante la historia, ante el pueblo, ante los familiares de los asesinados, ni ante los revolucionarios sobrevivientes, todos los «jefes» de gobierno que son cómplices en los hechos de esta situación de impunidad por gravísimos crímenes contra ciudadanos venezolanos.
No permitamos que estos farsantes aparezcan de manera pública intentando ganar indulgencias con escapulario ajeno. Repudiemos en todos los escenarios a cualquier funcionario gubernamental que no denuncie de manera clara y decidida esta situación de impunidad histórica en que permanecen los crímenes de adecos y copeyanos contra el pueblo revolucionario.
CANTAURA ANTE LA HISTORIA
El 4 de octubre de 1982 el gobierno de Luis Herrera Campins (Copei) atacó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva (conocido por sus siglas FAS), que contaba con unos 40 combatientes en ese momento, y se encontraba localizado cerca de Cantaura (estado Anzoátegui), movilizando 1500 efectivos militares y de la Disip, aviones Bronco y Canberra, y helicópteros UH-1H.
La sorpresa del ataque y la superioridad en el poder de fuego y en número de combatientes, generó que las distintas columnas de guerrilleros sufrieran numerosas bajas tratando de romper el cerco militar, falleciendo 23 camaradas y logrando superar el cerco 17 revolucionarios.
Prácticamente todos los muertos fueron rematados, pues sus cadáveres presentaron tiros de gracia con armas cortas. No hubo detenidos. Entre los caídos 17 eran hombres y también fallecieron 6 mujeres combatientes. Casi todos fueron heridos, capturados y ejecutados con tiros de gracia, como se ha verificado tras las exhumaciones e investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
La premeditación de la acción, la desproporción de fuerzas y armas empleadas, y la ejecución sumaria de los heridos hechos prisioneros, señalan que se cometió una Masacre, que merece ser calificada como Crimen de Guerra o Crimen de Lesa Humanidad. Así fue denunciado desde un primer momento por organismos de defensa de los derechos humanos y por actores políticos de izquierda. El año 2009, 27 años después, la Fiscalía General de la República retomó el caso de la Masacre de Cantaura. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se comprometió públicamente a reabrir el caso y realizar las investigaciones.
La exhumación de 21 de los 23 asesinados en Cantaura, encontró que todos ellos tenían tiros de gracia, indicando con ello que habían sido rematados en el mismo sitio del combate. Es de señalar que en Cantaura el Ejército y la Disip no efectuaron ninguna detención, sólo hubo muertos en el bando revolucionario. Hasta ahora nadie ha sido condenado a pena alguna por la masacre de Cantaura.

CAÍDOS EN CANTAURA:
Roberto Antonio Rincón Cabrera (El Catire): 32 años. Natural de Maracay. Primer comandante del FAS. Incorporado a la lucha revolucionaria desde los 16 años.Enrique José Márquez Velásquez (El Gato). Segundo Comandante. Natural de Cumaná. Empleado de la UDO.Emperatriz Guzmán Cordero (Chepa). Tercera Comandante. Natural de Aguasay (Monagas). 38 años. Primera mujer combatiente de la guerrilla oriental.Carlos Hernández Arzola. 32 años. Natural de Caracas. Dirigente popular del 23 de Enero.Carlos Alberto Zambrano Mira (Jaime). 30 años. Natural de Santiago de Chile. Responsable de la retaguardia y oficial del FAS.Sor Fanny Alfonso Salazar (Mayorca). 32 años. Socióloga (UDO Anzoátegui). Oficial del FAS.María Luisa Estévez Arranz. 27 años. Estudiante de la USB y luego de UDO. Miembro de la retaguardia del FAS.Mauricio Tejada. Natural de Medellín (Colombia). Estudiante de la UCV. Oficial del FAS.Eusebio Ricardo Martel Daza. Natural de Caracas. Dirigente obrero.Carmen Rosa García. Estudiante, 19 años. Natural de Cariaco (Sucre).Beatriz del Carmen Jiménez. Estudiante, 24 años. Natural de Cariaco.Jorge Luis Becerra Navarro. 20 años. Natural de Ciudad Bolívar. Estudiante de la UDO.Diego Alfonzo Carrasquel. 28 años. Natural de Barcelona (Anzoátegui).Luis José Gómez (Pomponio). Dirigente estudiantil en Anaco (Anzoátegui). 19 años.Julio César Farías. 20 años. Dirigente estudiantil de la ETI de Barcelona.Nelson Pacín Collazo. 23 años. Estudiante de economía en la UCV. Natural de Caracas.José Míguez Núñez (Zanahoria). Nacido en Sevilla (España). Estudiante de la UCV.Rubén Alfredo Castro Batista. 27 años. Dirigente obrero de La Guaira.Baudilio Valdemar Herrera Veracierta. 18 años. Estudiante de Barcelona.Antonio María Echegarreta Hernández. 24 años. Caraqueño. Dirigente popular en Guarenas-Guatire.José Isidro Zerpa Colina. 28 años. Obrero. Natural de Barinas.Itamar Lorenzo Morillo. Natural de San Luis (Falcón). Estudiante de la UCV.Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas. Maestra. Natural de San Tomé (Anzoátegui).
RESPONSABLES DE LA MASACRE:
Luis Herrera Campins (Presidente).Luciano Valero. Ministro del Interior.Vicente Luis Narváez Chourión (Ministro de la Defensa).Remberto Uzcátegui (Director DISIP).Arpad Bango (Jefe operaciones DISIP).Henry López Sisco (Brigada Intervención DISIP).José Dionisio Murga Cabrices. General de Brigada. (Cdte. 5ta Brigada de Infantería de Selva, Maturín).Gral. de Brigada Gaviria Valero (Cdte. Base Aérea).Gral. Eutimio Fuguet Borregales. Comandante de los Canberra.Arturo Machado Santana. Director del DIM.Pilotos de los Canberra: Vladimir Filatov Riabkov y Rafael Enrique Quijada Hernández.Pilotos de los Bronco: Norbidio Sandrea González , Rafael Pérez Neuville y Roger Cordero Lara (actual diputado del PSUV).Infiltrados-delatores: Norberto Rebanales (Inti); Alirio Rebanales (Chema, Almeida); El Chino o «Dámaso».

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