Escuché en estos días al Dr. Ramón Escobar León en una conferencia sobre el Matrimonio Igualitario en la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto, y lo definía, junto a temas como la Violencia contra las Mujeres y el Aborto, como temas “muy difíciles” a ser abordados con intenciones de legislar sobre ellos.

Explicaba que en su caso, siendo católico practicante, le había sido muy difícil ubicar el tema desde la perspectiva jurídica, ya que sus valores morales mediaban en sus posturas como jurísta. De allí, tuvo que comenzar por reconocer ese obstáculo y hacer reflexiones bien objetivas, decía, apoyándose en otras perspectivas como la ética y principios legislativos como el de la no discriminación.

Esta reflexión me recordó un artículo que escribí en 2010 y que llego a manos de algún parlamentario, quien lo llevo al debate en la Asamblea Nacional como argumento para introducir el tema del Aborto en la comisión respectiva.

Uno de mis argumentos en aquel artículo era que si el Estado venezolano es Laico y tiene compromisos con los DDHH, debe ser garante de que estos sean una realidad para todas las personas, respetando su diversidad, inclusive, de valoraciones morales y religiosas.

Se nos convoca en el siglo XXI a legislar dentro del marco de los DDHH para que las legislaciones se adecuen a una mayor inclusión de la diversidad humana (diferentes religiones, diferentes etnias, diferentes sexos, diferentes sexualidades, diferentes ideologías, diferentes culturas que hoy conviven, más que nunca, en espacios compartidos).

En el caso del Aborto, como caso “difícil”, hay que legislar para que tanto las mujeres que deciden hacerse una interrupción de embarazo como las que decidan no hacerla, tengan el derecho a ser atendidas en sus necesidades y respetadas en sus diferentes decisiones. Eso significa que el Derecho a decidir sobre su cuerpo sea respetado y garantizado por el Estado, que se declara laico y que no se regirá en sus legislaciones por ninguna moral sexual religiosa determinada, ya que debe ser garante de los DDHH para todas las mujeres en toda su diversidad, incluidas sus diferencias en variadas decisiones: las que aborten y las que no aborten, las que creen que la vida comienza en la concepción y las que creen que no, las que se rigen por doctrinas religiosas y las que no lo hacen.

Leyes amplias e incluyentes son el compromiso del Estado laico desde una perspectiva ética; leyes que sean expresión real del respeto a los DDHH y del progreso de la democracia verdadera, asumiendo como guía el principio de la No Discriminación desde la práctica de la doctrina jurídica.

El Matrimonio Igualitario también entra en esta perspectiva de caso “difícil”. Al ser un Derecho Civil relacionado con la posibilidad de legalizar uniones de parejas que así lo decidan, tiene que reinventarse para esta época histórica y respetar las metas o motivaciones que diferencian las uniones de las personas; las que se unen motivadas por la posibilidad de procrear [email protected] y las que se unen para compartir la vida sin [email protected], incluso de quienes tienen en sus planes la adopción de [email protected], y las que se unen por otras diferentes razones. Estas parejas deben poder también acuñar un patrimonio construido entre dos, que se relaciona con lo que en esta sociedad se reivindica como inalienable: el derecho a la propiedad personal, a la herencia familiar y a tener la protección de la figura jurídica del matrimonio para garantizar este derecho y sus implicaciones, fuera de la moral y las convenciones religiosas diversas.

Se necesitan Leyes amplias e incluyentes para toda la diversidad humana (todas las identidades sexuales, todos los motivos para unirse en matrimonio, todas las religiones, incluso el respeto para quienes no optan por ninguna religión). Leyes regidas por la ética y que puedan ser útiles para quienes quieran acceder a este derecho civil, y también para quienes no lo quieran hacer efectivo. El Matrimonio, así, se reinventa, ampliándose como derecho civil para toda la diversidad, y pasa a ser verdaderamente opcional para toda la ciudadanía sin discriminación.

Estos temas no pueden ser abordados desde las religiones ni desde el “sentido común”, establecido generalmente por falsas creencias, muy alejadas del conocimiento científico y de la ética de la inclusión y el respeto a la diersidad. Estos temas deben ser orientados por los avances en materia de sexualidad humana, DDHH sexuales y reproductivos, educación de la sexualidad y sobre todo, lejos del ambito de la moral, que generalmente nos remite a prohibiciones interesadas y de clase, sectas o grupos que restringen y limitan las vidas sociales.

Debemos elevar la legislación al ámbito de la ética que nos ilumina con el principio de la libertad y la autonomía concienzuda, basada en el correcto y bien entendido “libre albedrío”, alimentado por la información y el conocimiento más actualizado, bajo el paraguas de los DDHH y el principio de la no discriminación y del interés colectivo de la sociedad. Leyes que incluyen a las mayorías no para homogeneizarlas, sino para reconocerlas como colectivos heterogéneos que se rigen por los mejores intereses colectivos del momento histórico en que estén viviendo.

La próxima Asamblea Nacional que elegiremos el #6D tiene este reto, y quienes optan (y me incluyo) por llegar a ser [email protected], debemos asumir este debate abiertamente, de cara a la sociedad, sin prejuicios y con el principio de la educación a la sociedad, la elevación de sus valores y principios y la verdad jurídica como guía para legislar, sin discriminación alguna, para todas y para todos.

Este Art fue publicado en La Peña de Efecto Cocuyo 10/10/15

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