El abuso sexual en general es un tema difícil. Si se trata de niños, niñas y adolescentes (NNA), además de difícil, resulta indignante. En enero de 2020 hubo noticias sobre varios casos en Venezuela, pero el que más tiempo duró en los medios de comunicación —tres días— fue la detención de un adolescente de 17 años que asesinó a un sacerdote que lo abusó sexualmente durante tres años, y lo amenazó con hacer lo mismo a su hermano de 10 años si no lo seguía permitiendo.

Este hecho tuvo distintas respuestas. La más llamativa para mí fue la del obispo de San Cristóbal, Mario Moronta, porque al conocer de la muerte del sacerdote dijo que era «…lamentable, un sacerdote que había sido párroco, que había trabajado en diversas partes, en Orope, en La Tendida y también como vicario en la ciudad, y el que se muera un sacerdote siempre es doloroso, pero máxime cuando ha muerto de una manera trágica”. Un mensaje que indica un reconocimiento a su trayectoria. Luego, cuando conocimos —el mismo día— la razón que motivó al adolescente para cometer el delito y, además, que el niño de 10 años también había sido víctima, la declaración del obispo cambió. Dijo que efectivamente habían recibido denuncias contra el sacerdote por abuso sexual entre 2014 y 2015 y que se habían cumplido los procedimientos que la Iglesia prevé, que el sacerdote ya no oficiaba misa a la comunidad, sino en un convento en Rubio. Pero agrega lo siguiente: “Ya había recibido sentencia definitiva de dimisión del estado clerical y, ante dicha sentencia, había presentado la apelación a los organismos correspondientes de la Santa Sede. A pesar de las múltiples llamadas de atención, desobedeció las órdenes y medidas cautelares puestas según lo establecido en el derecho de la Iglesia. A quienes presentaron las denuncias nunca se le impidió que pudieran acudir al fuero civil”. Seguidamente dice que no lo encubren y que tienen la conciencia tranquila.

En nombre de todos los NNA del mundo, debo decirle al obispo Moronta y a las personas creyentes de la Iglesia Católica que sostienen estas posiciones que: Primero, no se trata de un caso aislado. Segundo, no es uno solo de sus miembros el acusado por abusado sexual. Y tercero y más importante, no se trata de una «falta» sino de una agresión grave que afecta la vida y desarrollo de los NNA.

Pederastia e iglesia católica, historia de larga data

En 1741 se publica la constitución apostólica Sacramentum Poenitentiae en la que se busca prevenir el abuso sexual por parte de los sacerdotes. Podemos deducir que ya se habían presentado casos para esta fecha. Según el Canon 1395, el clérigo que cometa un delito sexual contra un menor de edad, sea este por medio de violencia o amenazas, debe ser castigado con penas justas que pueden incluir la expulsión del estado clerical. EE. UU. e Irlanda son los primeros países en los que se denunció públicamente la pederastia cometida por religiosos. Un informe de EE. UU. habla de 4.392 sacerdotes acusados en el lapso de 50 años. La estimación de organizaciones de víctimas es entre 50.000 y 100.000 niños, niñas y/o adolescentes que han sufrido maltrato físico y sexual en alguna iglesia en el mundo. Queda claro cuantitativamente que no puede hablarse de “hechos aislados”, sino más bien de una práctica que debe ser revisada por la institución católica ante su grave prevalencia.

El celibato es el primer acusado

Se han generado discusiones sobre las causas de la pederastia y el primer acusado es el celibato, que aparece como una decisión de la Iglesia Católica. Es un reglamento y no un dogma de fe. Además, es asociado a intereses económicos de acumulación de capitales de la organización católica: la necesidad de que no exista la herencia es una de las principales razones para que se impusiera el celibato, que luego se maquilló con artilugios como “mayor concentración en la vida dedicada a Dios”. Pero, en definitiva, es objetivamente antinatura. Los seres humanos somos seres sexuados y la sexualidad tiene dos componentes: uno de reproducción y otro de placer. A pesar de no ser una necesidad de vida, forma parte de la existencia. En tal sentido, la decisión del celibato debe ir de la mano de un nivel de conciencia del propio cuerpo para llevarlo a cabo. La exigencia, como requisito que establece la Iglesia, lo convierte en obligatorio, transformando el sentido de la decisión personal, y se convierte en una traba y en un sistema de aceptación perverso.

La Iglesia no puede superponer sus normas internas a los DDHH

El abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia a NNA en el marco de su “autoridad moral” no es una falta a un reglamento. Verlo así, disminuye casi a cero la dignidad humana de las víctimas. Es como plantear que las normas y reglamentos de la Iglesia están por encima de los DDHH y de la vida de los NNA víctimas. La Iglesia no puede resolverlo con un “proceso interno” de sanción a los sacerdotes porque eso no supone justicia para las víctimas. La Iglesia debe pensar primero en la víctima que en su regla de celibato.

El comunicado de la Diócesis de San Cristóbal revela que “saldaron su deuda” con un procedimiento que, si bien tuvo un resultado, el mismo ni siquiera se cumplió porque el sacerdote seguía siendo sacerdote. No pueden tener la conciencia clara cuando un adolescente tuvo que recurrir a convertirse en un asesino para sentir protección, tranquilidad y paz.

Esta experiencia, que debo decir no es la única, debe llamar la atención de la institución católica y de la sociedad. El número de denuncias, los escándalos que se han levantado en torno a esta inoperancia de la Iglesia para atender un asunto tan grave, ha generado que la gente hable de esto, que mucha gente deje de creer en la iglesia, pero también movimientos importantes dentro del Vaticano.

Recientemente fue estrenada la película “Los dos papas”, en la que se atiende este asunto y sus implicaciones en la renuncia del Papa Benedicto XVI. A finales de enero, la plataforma Netflix estrenó la serie “Examen de conciencia”, que aborda desde la mirada de las víctimas, en su mayoría hombres, lo que es la pederastia y el papel que ha jugado la Iglesia en su atención, casi siempre para ocultarla o evitar escándalos.

El primer capítulo muestra los casos relacionados a los Maristas de Barcelona, en la voz de Miguel Ángel Hurtado, quien fue el primero en denunciar el abuso del que fue víctima en el monasterio de Montserrat en España. Pero adicionalmente, mientras escribo estas líneas, en la ciudad de El Vaticano se prepara el Papa Francisco para discutir con aproximadamente 160 personas, incluidas víctimas, cuál es el papel de la Iglesia Católica en los casos de abuso sexual a NNA.

Un Protocolo de Salvaguarda es urgente

No se trata solo de cumplir los procedimientos internos de la Iglesia, que estos sean eficientes y eficaces. Se trata de darle a los NNA víctimas una posición especial para su protección. El que un cura deje de dar misa no va a proteger al NNA, tampoco lo hará el que el cura deje de ser cura. De allí que resulta indispensable que no solo se cumplan los procedimientos internos, sino que deben incluirse en el protocolo de atención, la denuncia penal por la vía civil. En el caso criollo, el obispo indica que no se negó a los denunciantes acudir a los organismos civiles, pero de lo que se trata es de acompañar a las víctimas, decirle o hacerles sentir protegidas, que, así como sancionan internamente, el agresor será sancionado por la justicia civil.

La Salvaguarda es un deber de cuidado a los NNA con más amplitud que la defensa, promoción o protección de los derechos. Tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones de garantizar que en el marco de sus actividades no se genere ningún daño o lesión a los NNA. Pero, además, deben garantizar que, en caso de sospecha, duda o certeza de daño o lesiones, se debe comunicar a la autoridad competente. En este sentido, se trata de acciones de prevención para minimizar los riesgos de ocasionar daños o lesiones y acciones de respuesta, para que al producirse el daño se atienda de la manera correcta.

Una política de Salvaguarda de la Iglesia Católica debe incluir que sin necesidad de culminar el procedimiento interno, se dé la separación del victimario del NNA, la inmediata denuncia penal y medidas de atención psicosociales a las víctimas.

Como indicó hace días el activista e investigador Oscar Misle, el silencio es aliado del abuso sexual infantil. Debemos generar las condiciones para que los NNA confíen en nosotros para buscar protección. La denuncia penal supone para la víctima el primer paso para sentirse segura. Los medios de comunicación juegan un papel importante en el caso de abuso sexual en instituciones reconocidas. En este caso particular de Táchira, los medios locales, luego de publicar la desaparición del sacerdote, no hicieron seguimiento a la noticia. En dos casos no publicaron la información sobre el móvil del asesinato: el abuso sexual.

Como sociedad debemos promover un Estado protector, instituciones fuertes y seguras para proteger a las víctimas. Debemos buscar un sistema que sea alternativa de auxilio y socorro para las víctimas y evitar que su única alternativa sea convertirse en victimarios… Porque el proceso de reparar ese daño es aún más costoso socialmente. Pero la carga de conciencia no quedará solo en la Iglesia sino en la sociedad en general.

Publicado en El Pitazo

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