La maniobra anunciada la noche de este viernes 31 de marzo por Maduro, al convocar a un incompleto e incompetente Consejo de Defensa de la Nación, que ni contó con la presencia de la Fiscalía General ni de la AN y que tampoco tiene competencia para revisar sentencias de los tribunales, termina por delatar más aún a la #Dictadura que encabeza. Quedó en evidencia que es capaz de ordenarle al TSJ unas sentencias (la 155 y 156 de fechas 28 y 30 de marzo) y luego mandarlas a maquillar entre gallos y medianoche durante la madrugada de este sábado, 1 de abril, en clara demostración de que el poder reside en un Dictador.

Supongamos que tomó por sorpresa a Maduro la denuncia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que las sentencias del TSJ rompían el hilo constitucional, algo extremadamente grave viniendo de una institución que hasta ahora había servido de soporte legal al régimen. Supongamos que esto “pone al descubierto” las contradicciones y fisuras existentes entre las mafias que gobiernan. Supongamos también que Maduro no esperaba la sostenida presión internacional –aún en desarrollo- que  amenaza a su Gobierno con pasar de las meras declaraciones a sanciones diplomáticas concretas.

A pesar de que supongamos todo lo anterior, la “rectificación” anunciada por el espurio presidente del TSJ, no es tal. Lo expresado en unas nuevas “sentencias” Nº 157 y 158, no son más que simples y escuetas “aclaratorias” que dejan ver lo apresurado con que tuvo que obedecer la orden de su empleador.

Pero lo medular no es el show. Lo medular es que tales “aclaratorias” dejan intacto el resto del contenido de las sentencias que pretenden corregir. Mantienen entonces la discrecionalidad de Maduro para celebrar contratos y endeudamientos de la nación con Gobiernos, trasnacionales y organismos financieros, sin pasar por la aprobación constitucional de la Asamblea Nacional. Dejan incólume lo más importante y delicado: la toma de decisiones económico-financieras que comprometen la soberanía del país. Convenios internacionales unilaterales que ha estado firmando la dictadura y que son leoninos y contrarios al interés nacional. Esto, para Bandera Roja, sugiere un show sobre el cual es necesario alertar.

No ha habido rectificación de nada. La Asamblea Nacional sigue bloqueada y desconocidas sus competencias de facto; las leyes aprobadas, como la ley del Bono de Alimentación y Medicinas, que beneficiaría a todos los Pensionados y Jubilados, no la ha promulgado ni publicado en Gaceta Oficial el Ejecutivo, condenando al hambre y la muerte progresiva por falta de medicinas a los adultos mayores. Tampoco podrán salir en libertad los presos políticos porque también fue bloqueada y desconocida la Ley de Amnistía Política aprobada el año pasado por esta AN, entre otras leyes importantes de interés para la población. Tampoco modificó el TSJ sus casi 46 sentencias anteriores en contra de las actuaciones legítimas y constitucionales de la AN y por el contrario, le mantienen la calificación de “desacato” como excusa para eludir el control legislativo sobre las actuaciones del poder Ejecutivo.

Si a ello sumamos la falta de la convocatoria de las elecciones vencidas de gobernadores, consejos legislativos, alcaldes y consejos municipales; el bloqueo del referendo revocatorio que ya había cumplido con la mayoría de los requisitos constitucionales, y la eliminación por vía administrativa de muchas organizaciones políticas; como también el mantenimiento de la represión brutal contra el pueblo en su lucha por hacer valer sus derechos sociales, civiles y políticos, la criminalización de la protesta, las reiteradas ejecuciones  extrajudiciales a ciudadanos como mecanismo para enfrentar la delincuencia, el mantenimiento de una política económica destructiva del aparato productivo que ha empobrecido a más del 83% de la población venezolana, con las consecuencias sociales y económicas que ello implica: hambre, enfermedades, miseria, descomposición social, escasez, inflación incontrolada, devaluación de la moneda; podemos sin duda decir entonces que estamos frente a una burda maniobra del dictador para alardear de supuesta “civilidad democrática”, y en especial, para demostrarle a la OEA y la comunidad internacional, que en su Gobierno hay “respeto” a la separación de poderes.

Con esta nueva jugada, la dictadura persigue zafarse rápidamente de un supuesto error, y le permite quitarse algo de presión interna y presión internacional. Lo que quieren garantizar es seguir indefinidamente en el poder, cueste lo que cueste. Mientras tanto, siguen las colas y penurias del pueblo para buscar abastecerse de alimentos y medicinas, cada vez más caros y escasos; siguen cayendo miles de venezolanos producto del hampa desatada, sigue la dictadura regalando y subastando nuestras riquezas al gran capital internacional a través del “Arco Minero”, ahora con la discrecionalidad de las sentencias que no cambiaron.

No nos llamemos a engaños ni ingenuidades. La salida a esta crisis generalizada debe seguir siendo el cese irremisible de este Gobierno y este régimen lo más pronto posible, para lo cual todos los venezolanos, investidos de autoridad o no, tenemos el deber constitucional de desconocer. El artículo 350 de la Constitución nos da el derecho a la rebelión democrática contra el oprobioso régimen cercenador de las libertades públicas y del bienestar social de toda la población. No vienen elecciones para las cuales sea necesario validar partido alguno. Hoy, debemos alertar también esto. Los partidos deben ser instrumentos de organización de un gran movimiento de rebelión nacional para rescatar la democracia y no de actuación inercial de un criterio oportunista de “normalidad” democrática.

Pero los ciudadanos no podemos permitir tampoco que cunda la desesperanza, ni podemos pensar en replegarnos nuevamente. Las contradicciones entre las mafias que gobiernan son un asunto para no aflojarse en las luchas. Son solo signo de que los de arriba ya no pueden seguir mandando a su antojo. Los acontecimientos están en pleno desarrollo. El pueblo debe acelerar su organización en Asambleas de Ciudadanos, en comités de luchas populares y por la defensa de la Constitución y el régimen de libertades públicas y democráticas. Vamos a organizar la protesta y ejecutar con creatividad y autonomía todas las formas de luchas que el pueblo sabe hacer en función de librarse de esta dictadura. Vamos a retomar la acción continúa, permanente, planificada, organizada porque todavía estamos en dictadura y ella caerá solamente por la voluntad y decisión de un pueblo en la calle.

El nuevo liderazgo está en la calle. El nuevo liderazgo y la nueva vanguardia eres tú, es el ciudadano en cada barrio, urbanización, universidad, sindicato, organizaciones civiles y comunitarias, consejos comunales y en general, en todas las formas organizadas donde participa el pueblo, el ciudafano al que le duele su país y está dispuesto a dar su aporte por su liberación. La rebelión democrática es el pueblo en la calle en protesta, diariamente, hasta lograr que caiga esta dictadura saqueadora. La rebelión es Constitucional y democrática, porque nos ampara el artículo 350. Es la hora de la acción popular, es la hora para que en las calles surja y se forje una nueva vanguardia al fragor de la pelea. La dictadura sigue…. #AbajoLaDictadura

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