Todo indica que nos aproximarnos a un desenlace del momento político que apuntaría a un cambio de Gobierno, o al menos, una recomposición del poder. Esto luce como tendencia dominante. El escenario, que se resume en una posible confrontación de calle de grandes proporciones, la diatriba encendida y el tal diálogo, opaca lo que es fundamental en el momento político.

Lo que explica que cuestiones como la aprobación del Presupuesto 2017, sus criterios y perspectivas, parecen no estar en el centro del debate, muy a pesar de que es mucho lo que se arriesga y se compromete como futuro mediato e inmediato. Siendo un asunto tan serio, acerca de la distribución de la riqueza, se torna subalterno. Esto favorece al Gobierno y su política -y a quienes se benefician de ella-, mientras reciben los aplausos o el asentimiento de los cultores de las ideas económicas que asumen como principio la honra, a toda costa, de los compromisos con los acreedores. No siempre lo fundamental es lo principal. Por lo que, con más razón y dado lo que se ventila, debemos cumplir con aquel principio según el cual, hay que atender lo principal sin descuidar lo subalterno.

Para comprender esto vale recordar una vez más aquello de que la cosa no se presenta como es. Si esto es así en el campo de la naturaleza, no tiene por qué ser distinto en la sociedad humana. Más en el mundo de la política. Se cocina un eventual cambio político, pero de mantenerse la orientación económica expresada en el Presupuesto de ingresos y gastos de 2017, en lo fundamental, nada cambiaría. De allí la gran importancia de profundizar en este asunto.

Partimos por considerar que, luego de la aprobación del presupuesto 2017 por parte de Maduro, se afianzan en Venezuela dos cuestiones que se articulan para dar continuidad a la catástrofe nacional: la política de hambre y destrucción económica, articulada al sostenimiento de la capacidad de crédito del Estado venezolano frente a los acreedores. Así, la dictadura de Maduro y su corte imponen su ley.

Pues bien. No solo Martin Luther King tuvo un sueño. Maduro también lo tiene. El del primero era sublime, de igualdad, de esperanza. El de Maduro es otro. El del Presidente resume la profundización de las diferencias. Sueña Maduro con que el presupuesto de ingresos del Estado venezolano, sea nutrido principalmente vía cargas tributarias a la ciudadanía. Esta perspectiva lo hace sentirse orgulloso. Tanto como el liberal adocenado.
Dichas así las cosas, se coloca en evidencia lo que hemos señalado en el sentido de que en Venezuela se recurre al sainete para arrodillarse frente a la oligarquía financiera internacional. Seguramente por la herencia del teatro trágico, los griegos tuvieron que transitar por un período en que reinó el pánico, luego del cual vino la tragedia. Varias noches en vilo, referendo mediante que fue burlado por Alexis Tsipras, hasta llegar a un “acuerdo” con la Troika, lleva a la aplicación de un plan de ajustes de los más criminales en la historia de la economía mundial. Los venezolanos, dados a otro espíritu, nos vemos envueltos en una farsa, nutrida por la fraseología socialista, mientras se aplica un ajuste tan criminal como el griego, pero con el piquete de la inflación y el discurso contra la “guerra económica”.

El “paquete” en desarrollo le permite al Gobierno disponer de los dólares obtenidos por el negocio petrolero y ahora los que obtenga con la subasta del arco minero, para pagar la deuda contraída con chinos, principalmente, y otras potencias imperialistas. Un resultado similar al alcanzado en Grecia. Seguramente les ganamos a los griegos en colas para comprar productos y en la delgadez generalizada de nuestra gente, mientras competimos en pobreza. Así, el sainete termina en tragedia.

¿La evidencia? El Presupuesto 2016 y 2017

Maduro cumple muy bien su papel. Aquello del legado de Chávez sigue viento en popa (¿o en copa?). Cumple con la política en favor de la oligarquía, importadores y banqueros, y otros beneficiarios del régimen, con discurso antiimperialista. Esto se expresa en que los ingresos alcanzados para julio de 2016 le permitieron al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) superar la meta anual de recaudación en 295 mil millones de bolívares al llegar a Bs. 1 billón 495 mil millones de bolívares. La meta del período anual se fijó en principio en cerca de Bs 1 billón 200 mil millones. Ingresos que están destinados a financiar el 70% del presupuesto ordinario de la Nación. Para finales de año, probablemente superará el 75%.

En el presupuesto de ingresos para 2016, se contempló alcanzar 1,2 billones de bolívares en impuesto y tributos. Pero lo alcanzado supero la meta. Desglosados en Impuesto Sobre la Renta-Otras Actividades, por 282.818 millones; Impuesto Sobre la Renta a Otras Personas Jurídicas: 267.848 millones; Impuesto Sobre la Renta a Personas Naturales: Bs 14.970 millones; Impuesto al Valor Agregado (Neto): 704.640 millones; Importaciones Bs 114.898 millones; Licores 32.112 millones; Cigarrillos 55.395 millones e Impuestos Varios 5.704 mm. Se desprende que alrededor del 73% de los ingresos provienen de IVA y tributos a cigarrillo y licores e impuestos a las personas. La recolección de los tributos internos superó al cierre de julio en 247,83 %, el objetivo planteado por el organismo, puesto que ésta se ubicó en Bs 266,09 millardos, cuando la recaudación establecida para el séptimo mes del año era de 107,36 millardos Bs.
En medio de la espiral inflacionaria, esto se traduce en que superamos con creces las metas de los ingresos para cubrir los gastos ordinarios y buena parte de lo correspondiente al pago de deuda pública.

Aumenta la inflación, aumenta la recaudación vía tributos. Esto es, financiamos con el bolsillo de los asalariados y consumidores los gastos corrientes que no cubren satisfactoriamente las demandas de los venezolanos, dado el deterioro del signo monetario. De allí que se cumpla la máxima según la cual la inflación se convierte en el peor impuesto estatal. Es el más regresivo. El impuesto sobre la renta del empresario, por su parte, tiende a ser descargado en el comprador. En cualquier caso, es extraída de la plusvalía capitalista que saca el dueño de los medios de producción del proceso de trabajo.

Ahora bien, el sueño de Maduro se acerca más a ser cumplido en 2017 ya que el 83% del presupuesto fijado en 8,4 billones de bolívares, se recaudará por la vía impositiva. Seguramente se complementará con el aumento de la gasolina, incremento del IVA e impuestos al débito bancario, de licores y cigarrillos y de trámites públicos. Asimismo, la aproximación a sincerar el precio del dólar, también dejará lo suyo. Pero, sobre todo, la inflación incidirá favorablemente en el incremento de la capacidad recaudadora, tanto como en el sostenido en 2016.

Vistas así las cosas, el Gobierno madurista seguiría fiel al legado de Chávez al contar con las condiciones que le permitirían, como al difunto, honrar la deuda como lo ha hecho hasta ahora, ahorcando a las grandes mayorías. Mientras cubrimos el presupuesto de ingresos para los pagos de las partidas ordinarias con los impuestos, el IVA principalmente, claro está, los dólares del negocio petrolero y minero, irán para honrar compromisos de deuda.

Ajuste salarial para favorecer a la empresa

La recaudación de 2016, muy superior a las metas establecidas, le permite al Gobierno producir una compensación al salario y al bono de alimentación. Lo que motiva, una vez más, la diatriba encendida en torno de que los aumentos salariales conducen a una mayor inflación, o no. Tanto ha calado esta especie que recientemente un amigo señaló públicamente que los más perjudicados con estos incrementos salariales son los empresarios. Difícil que alguna gente perciba la esencia de estas cosas en medio del bombardeo ideológico del pensamiento económico axiomático o dogmático. Dice el dogmático: los aumentos salariales generan inflación. Es como recitar cualquier oración de la Torá, el Corán, o la biblia cristiana.

Sucede que la inflación, además de ser un impuesto al bolsillo de la gente, también conduce a una caída de la capacidad de demanda social. Circunstancia que no estimula la oferta de bienes y servicios que afectan los márgenes de ganancia de los empresarios. Luego, al llegar a un nivel que afecta tanto la demanda como la oferta, el ejecutivo se ve en la imperiosa necesidad de compensar la caída bajo la figura de aumento del salario mínimo.

Resulta que primero se produce la inflación. Luego debe ser compensada la caída de la capacidad de demanda. No es que se alcance nuevamente el poder adquisitivo previo, sino que se busca compensarlo para así elevar un tanto la demanda social para con ello estimular la oferta de bienes y servicios y no poner en riesgo a la empresa.
El empresario, junto a la debida previsión que toma, o debe tomar, al obtener mayores beneficios, descarga parte del incremento del costo de producción en el precio. Eso explica por qué en estas circunstancias el empresario puede beneficiarse, sobre todo aquéllos más competitivos, que han logrado mayor centralización de capitales.

Más tiempo vive el empresario sin el trabajador que el trabajador sin el empresario, lo que lleva a una relación de sojuzgamiento que se expresa en la baja del salario real muy a pesar de lo cual el trabajador se mantiene en la empresa. Son muchos los casos en los cuales el empresario, bajo el argumento de la situación inflacionaria, aprovecha para restarles beneficios a los trabajadores. Además, las empresas más competitivas aprovechan la circunstancia para alcanzar mayores niveles de centralización, siendo el emblema de esta afirmación el crecimiento y desarrollo de empresas Polar.

Inflación para Dummies

Alguien se preguntará, ¿por qué puede obtener mayores beneficios con inflación? La respuesta es sencilla. En el lapso entre un ajuste salarial y otro, con inflación, al no haber ajuste diario, está pagando menos en salarios y obtiene más dinero por la mercancía al aumentar precios por inflación, que sí puede variar diariamente.

Ciertamente también se produce un incremento de los precios de los medios de producción que requiere el empresario para el proceso de trabajo. Solo que el beneficio que obtiene siempre será mayor al descargar el incremento de estos costos en el precio de realización, manteniendo el salario del obrero hasta el nuevo ajuste, que en el caso venezolano dura unos cuantos meses, motivado por la inflación. Ese incremento de la ganancia capitalista debería servir para la conformación de un fondo ante un nuevo ajuste. Esto es así, sobre todo cuando hay presión de demanda y una elasticidad relativamente baja. En otros países los lapsos para aumentos generalizados son aún mayores. Regularmente un ejercicio fiscal cuando la inflación se aproxima a cero o es baja.
Al empresario le conviene estos ajustes salariales por dos razones. En primer lugar, para que aumente la capacidad de demanda. En segundo lugar, habida cuenta de que el ajuste no eleva el salario real, la tasa de explotación tiende a ser cada vez mayor. Sumemos que estos ajustes repercuten en una tendencia a la bonificación del salario que a la postre beneficia al empresario. Un adicional que saluda la empresa y el economista. De allí que el Gobierno deba aprovechar la circunstancia de la recaudación alcanzada para realizar el ajuste. Para nada interesan las condiciones de reproducción de los trabajadores y su familia como sí una demanda que no arriesgue el beneficio del empresario.

Así, la caída del poder adquisitivo del salario, va pareja al incremento de la recaudación del Seniat. Recaudación que permite mantener la capacidad de crédito de la República al poder honrar buena parte de los compromisos con los acreedores, mientras descarga en la gente el peso principal para la configuración del gasto público.

A su vez, el Ejecutivo busca renegociar buena parte de la deuda con China (más de 50mm de dólares) y Rusia para disponer de más recursos en medio de un clima político en el cual la salida de Maduro luce como tendencia dominante. También la negociación, canje mediante los bonos de Pdvsa, le permite a la empresa bajar la presión momentáneamente aunque coloca en prenda a Citgo. El vencimiento de los bonos colocado para 2020 a una tasa de 8,5% se convierte en un jugoso negocio para los acreedores.

El objetivo inmediato del Gobierno es alcanzar alguna recuperación económica y recrear su capacidad para sembrar fe, apostando al incremento de los precios del crudo y obtener recursos tras la venta de riquezas mineras. Lo que supone sostener el papel de Venezuela en la división internacional del trabajo, por lo que seguiríamos siendo demandantes de bienes finales provenientes de economías más desarrolladas, principalmente Chinas, estadounidenses y brasileñas.

En este contexto, los trabajadores deben levantar como nunca la consiga de aumento del salario real. El desenlace de la situación política parece cercano. Ante la perspectiva de una transición este asunto adquiere mayor relevancia. Recordemos que los economistas de distintos signos políticos coinciden en la necesidad de seguir profundizando el ajuste adelantado por el Gobierno hasta alcanzar las metas que buscan los acreedores y que son el sueño de Maduro. A saber, desvalorización de la fuerza de trabajo como resultado de descargar el peso de la crisis en sus bolsillos, cuya mejor evidencia nos la brinda el Seniat; mantener la capacidad de crédito de la República mientras se honran los compromisos con los acreedores y se subastan riquezas nacionales inconmensurables. Así, el asunto de las luchas por la defensa del salario resultan de principios frente a cualquier salida a la crisis venezolana.

Dr. Carlos Hermoso
Caracas, 31 de octubre de 2016

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