Dos días antes de comenzar a ejecutarse el último decreto madurista sobre salario mínimo (jueves 29 de agosto), el ministro de charreteras —por cadena nacional y con presencia de los principales medios audiovisuales— se dirigía muy estoicamente a parte importante de sus oficiales de alta graduación (teniente coronel hacia arriba): “Es completamente inviable seguir pagando la tabla salarial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con base en múltiplos de salario mínimo”…

Sin dar mayores detalles, mencionó que el Ministerio de la Defensa anunciaría una nueva restructuración de la tabla salarial de la FANB, debido a la imposibilidad de pagar, por ejemplo, nueve salarios mínimos a un “simple” teniente. Explicó que “si se aplica la misma tabla que teníamos hasta julio, un teniente quedaría ganando 16.000 bolívares soberanos. Eso es completamente inviable”…. Lo que olvida ese señor de mafioso apelativo es que la sola canasta alimentaria para finales de agosto se acercaba a los 12.000 bolívares soberanos —aun sin entrar en vigencia esa nueva moneda— y en los últimos diez días ya supera holgadamente esa cifra que les correspondía a los tenientes.

Don Corleone, il padrino, aun cuando se dirigía a miembros de la fuerza armada, sabía que el mensaje iba dirigido a todos los trabajadores amparados por contrataciones, acuerdos o convenios colectivos, y en general para todos los asalariados que pudieran tener aspiraciones de que el ingreso salarial se relacionase con la adquisición de bienes suficientes para tener una vida digna, valga decir, que querían que el artículo 91 de la Constitución no fuera solo unas letras bien escritas. “El verde oliva —piensa él— les meterá miedo a quienes intenten hacer reclamos en la misma dirección”.

Todos sabemos que el régimen dictatorial madurista, con la aviesa intención de contar con su anuencia y apoyo para todas las tropelías que realiza, ha sido muy generoso con el alto mando militar y algunos círculos de la alta oficialidad. Basta recordar que en 2016 Maduro les regaló una compañía (Caminpeg) para que explotaran directamente, además del petróleo y el gas asociado, parte del Arco Minero del Orinoco, un pedazo de los 11 mil kilómetros cuadrados entregados a la furia enardecida de buscadores de oro, coltan, vanadio, diamantes, torio, etcétera. Y, además, les permitió a unos cuantos generales enriquecerse bárbaramente con el cartel de los soles, cuya importación era más bien un tráfico de precisamente cosas no muy legales ni muy santas. Se hizo de la vista gorda con otros de no tan alta graduación, necesariamente, para que llenaran sus alforjas de dólares —vía peso colombiano o real brasileño— con el contrabando de gasolina y algunas otras cosillas subsidiadas… En fin, no era a ellos a quienes ese mensaje cual saeta buscaba como blanco.

Que el salario “nominal” mínimo se fijara en 1.800 soberanos, o sea, medio petro, es decir, 30 dólares, no es ningún avance más allá de elevar un poquitico el ultra-súper-deprimido poder adquisitivo del mínimo anterior, que no alcanzaba ni para comprar medio cartón de huevos de gallina… Hace cinco años (2013) el salario mínimo representaba 200 dólares y no se diga si lo comparamos con épocas anteriores donde un profesor universitario podía darse el tupé de ganar tres mil dólares y un trabajador petrolero no ganaba menos de mil quinientos dólares y era referencia para el resto de trabajadores que luchábamos por tener un salario que nos permitiera levantar dignamente a nuestra familia.

El artículo 91 de la Constitución no fue lo único que “olvidó” este señor muy bien uniformado y muy influyente en el gabinete del “presidente obrero”, que más exacto sería calificarlo de “usurpador lumpenproletario”. Echó a la basura un principio que es base para cualquier legislación laboral: la progresividad, junto con los derechos laborales a la contratación colectiva, a la libertad sindical, al diálogo social o tripartito, que también tienen la categoría de “derechos humanos” y cuentan con respaldo constitucional y legal, además de verse refrendados por convenios internacionales firmados por la República con la OIT.

Don Corleone cree que puede imponer el “ordeno y mando”, propio de la estructura militar, a los trabajadores venezolanos y a la sociedad toda. En este sentido es totalmente coherente con el paquete que Maduro y su cohorte de mafiosos quieren implantar en Venezuela para revivificar el funcionamiento del capitalismo de Estado en sus bases de relación mercantil total y totalizante, aunque continuando con la falsa cantaleta de “socialismo del siglo xxi”, pero siendo más salvajes y agresivos que las recomendaciones de las recetas fondomonetaristas. Todo ello para mantenerse en el poder usufructuando las generosas riquezas que la naturaleza nos ha dado, pero llevando al colmo de lo inaceptable las potencialidades industriosas y productivas que anidan en nuestro pueblo y que esperan de una nueva alborada para despertar e irrumpir cual riada en la creación de prosperidad, en el desarrollo del ingenio, de la educación y de la creatividad.

Ese señor nos ha lanzado en la cara el guante de la amenaza a nuestra dignidad como pueblo, como trabajadores, como República y hasta como sociedad democrática. Nos reta a un duelo donde él representa el autoritarismo más acendrado de los últimos tiempos y pretende que nosotros nos arrasemos, que pasemos “por debajo de la mesa” a la espera de que el carnet de la patria nos siga trayendo bonos de rimbombantes nombres o subsidios de vergonzosa adquisición, en medio de una feria de caos y anomia y de derechos conculcados.

Por el derecho a la vida y por nuestras conquistas logradas en muchos años pelea, llamamos a la lucha más acérrima y desprendida a las enfermeras, médicos y trabajadores de la salud —que han sido vanguardia en esta lucha por salarios dignos—, a los educadores —que ven borrados de un plumazo los 2,5 salarios mínimos para el educador iniciático, y ni se diga de los 4,5 del escalafón 6—, a los universitarios —a quienes se les lanza al despeñadero al incumplir acuerdos recientemente firmados de dignificar a los profesores, empleados y obreros de tan importante institución para el desarrollo—, a los trabajadores de Corpoelec y de las cementeras que ya tenían ofrecimientos en ese mismo sentido, a los trabajadores petroleros y de las industrias básicas de Guayana —que unen sus reclamos salariales con la necesidad de reestructurar sus instalaciones con una óptica de avanzada y progreso. A todos ellos los llamamos a una REBELIÓN OBRERA CONTRA ESTA DICTADURA. Nuestras reivindicaciones solo serán verdad cuando un cambio político traiga a nuestro país la posibilidad de que se reconozca el verdadero valor de la fuerza del trabajo en la creación de riqueza, de bienestar, de desarrollo, de progreso y también de democracia

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