Los trabajadores de todo el sector público, es decir, los profesionales, administrativos, obreros, activos, jubilados, pensionados, contratados, en fin todos los que no producimos plusvalor: salud, educación, tribunales, servicios, fuerzas armadas, tenemos razones suficientes para sentirnos la parte de la población más afectada y condenada por la política económica-laboral del régimen. Representamos el 33% de la población económicamente activa empleada y percibimos los salarios más indignantes del mundo laboral. No dudamos en calificarlos de salarios de hambre y esto es razón suficiente para reencontrarnos y unirnos solidariamente en defensa de nuestros legítimos intereses como sector laboral frente al Estado-patrono.

El  salario que perciben los empleados públicos venezolanos es insuficiente y no garantiza la reproducción de la familia del trabajador. David Ricardo, uno de los padres de la economía inglesa, decía que “el salario debiera ajustarse a su precio natural, para que el trabajador y su familia puedan subsistir y perpetuar su raza”. El Dr. en Ciencias Sociales y profesor de la UCV, Carlos Hermoso, ha expresado en diversos artículos de opinión que en el caso venezolano, los trabajadores en general y del sector público en particular, recibimos salarios muy por debajo “del que permite las condiciones mínimas de reproducción, para subsistir y perpetuar su raza”.

Ni aún con la indignante política de otorgamiento de “bonos asistencialistas” vía carnet de la patria, se compensa el destruido poder adquisitivo del salario. En promedio éste solo alcanza para adquirir un cartón de huevos y un kilo de queso. Un insulto e inmoralidad de un Estado-patrono que derrocha dinero, cancela la deuda externa a sus acreedores extranjeros y le entrega nuestras riquezas y minerales estratégicos a corporaciones transnacionales.

Esta crisis ha generado una inmensa brecha entre los salarios percibidos por los trabajadores del sector privado y los del sector público. El salario mínimo de 40.000 Bs. ya no es referencia para las empresas privadas. Los precios de las mercaderías privadas se realizan con base al valor del dólar, sacando mayores ganancias y por ende tienen mejores dividendos que permiten cancelarles a sus trabajadores y empleados sueldos por encima del mínimo. El salario mínimo sólo lo cancela el Estado-patrono a los empleados públicos no productivos, como se ha dicho, pues los trabajadores de las empresas productivas del estado perciben mejores salarios que éstos últimos.

La ofensiva explotadora entonces se ha concentrado en el trabajador del sector público. Ni siquiera el gobierno cumple con cancelar el salario mínimo con base al medio Petro que había prometido. A duras penas el promedio en dólares del sueldo de los mejor pagados en la administración pública llega a 20 dólares mensuales. No cubre ni siquiera el 5 % de la canasta alimentaria.

La educación, tanto primaria como universitaria, forma a los millones de niños, jóvenes y adultos, les brinda conocimientos, valores y los forma para el trabajo, y sin embargo está siendo destruida, así como destruido está el valor trabajo, el salario y la producción. Al estar destruido el aparato productivo, no pareciera importarle la educación al régimen y de allí su desidia y malos salarios a este importante sector. Y así como a la educación, igual tratamiento se le da a los demás servidores públicos y a las fuerzas armadas. Solo un puñado de privilegiados muy cercanos al poder gozan de muy buenos emolumentos, de resto lo que reina es la pobreza.

Ante esto ¿qué hacer?

El Estado-patrono nos quiere divididos. Pretende darle un tratamiento al detal a cada uno de los conflictos que se vienen presentando en la administración pública. Ello nos obliga a poner en práctica la solidaridad y unidad de los trabajadores del sector público por encima de las diferencias políticas o ideológicas y de las inclinaciones partidistas, religiosas o de otra índole. Debemos entender que mantener la autonomía con respecto a los patronos, a los partidos y al Estado no significa ser anti político o apolítico, sino al contrario, implica desarrollar una política que exprese los intereses inmediatos y de largo plazo de los trabajadores frente a las diversas circunstancias económicas, políticas y sociales por las que atraviese la nación.

Manteniendo la autonomía de cada una de las organizaciones sindicales y movimientos de base, proponemos conformar un solo Frente de lucha de los trabajadores del sector público junto a sus organizaciones sindicales en función de revertir esta nefasta política laboral.

Planteamos la unificación de las luchas en una plataforma de exigencias cuya consigna principal sea: SALARIO REAL CON BASE EN LA CESTA BÁSICA. Los trabajadores del sector público debemos levantar las banderas por un salario real con base al costo de la cesta básica, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, para que represente la capacidad de adquisición de los alimentos y alcance para vivir una vida digna. Junto a esta exigencia cardinal, también debemos incorporar:

  • El respeto a la CONTRATACIÓN COLECTIVA y la LIBERTAD SINDICAL, elemento central para fortalecer las organizaciones sindicales en un rol que reivindique a la función sindical.
  • Derogación del Instructivo Onapre o memorándum 2792, instrumento que aplica una desregulación laboral de facto, despojándonos de reivindicaciones ya conquistadas en largas jornadas de luchas y que conforman el patrimonio económico, social y sindical de los trabajadores.
  • La implantación de un SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL que esté afincado en el desarrollo del trabajo productivo.
  • Un cambio en la política económica actual por una que eleve la producción nacional y el desarrollo industrial.
  • No a la cancelación del pago de la deuda externa. Que la crisis no la pague el pueblo trabajador.

Planteamos estas ideas con la intención de dar respuesta a las exigencias urgentes de los trabajadores del sector público.

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