Organizaciones del magisterio pedirán a la Asamblea Nacional (AN) declarar “la emergencia humanitaria educativa” en el país. Aseguraron que acudirán a instancias internacionales, como la Unesco, para denunciar que el Gobierno viola el derecho a la educación.

La Unidad Democrática del Sector Educativo presentó este miércoles 27 de junio, los resultados de una consulta que realizaron a educadores en cinco estados y que sistematiza los problemas que afectan al sistema.

Raquel Figueroa, coordinadora de la instancia, señaló que el hambre en las escuelas, la deserción, el desplome de los salarios y el déficit de infraestructura escolar representan un retroceso para el país.

También alertó sobre la diáspora de docentes, diseños curriculares improvisados, la destrucción de la seguridad social, la falta de orientaciones pedagógicas, la desaparición de providencias estudiantiles, el auge de la violencia escolar y la persecución a los docentes críticos a las políticas educativas del gobierno.

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Figueroa aseguró que las autoridades, el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Educación, Elías Jaua, buscan con su discurso “crear una ilusión” y ocultar el deterioro del sector. Destacó que el gremio debe articularse y que  promoverán en todo el territorio un debate para la reconstrucción nacional.

Opacidad e inconsistencias

La profesora Ofelia Rivera recordó que en el país no hay cifras oficiales sobre educación desde 2016. Sin embargo, destacó que el deterioro de la seguridad social del docente crece. “El año pasado una educadora del estado Apure murió por falta de asistencia porque no funcionó el seguro de HCM“, dijo.

La educadora destacó que, además, existen inconsistencias en cifras como la cantidad de alumnos atendidos por el Programa de Alimentación Escolar(PAE).

El ministro Jaua declaró en septiembre de 2017 que el plan beneficiaría a 3 millones 736 mil estudiantes. No obstante en la Ley del Presupuesto 2015 de esa cartera afirmaban que 4 millones 351 mil 576 niños recibían comida en las escuelas, lo que representaría una disminución de más de 600 mil alumnos.

Rivera agregó que cifras del Registro Administrativo de migrantes venezolanos en Colombia revela que en ese país, hay al menos 118 mil 709 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. No se conoce si están o no estudiando.

El magisterio reprochó la entrega de “bonos de escolarización” a través de un instrumento como el carnet de la patria. Afirmaron que la medida es discriminatoria y una acción de proselitismo político.  Consideraron que el año escolar 2018-19 será complejo y a los estudiantes se les dificultará ir por los altos costos de uniformes y útiles escolares.

Tomado de Efecto Cocuyo

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