En los últimos días los venezolanos hemos presenciado algunos acontecimientos que ratifican la decisión gubernamental de incrementar la acción represiva y la persecución contra quienes osen criticar, protestar o ejercer sus funciones con base en lo establecido en la propia Constitución.

El miércoles, 22 de febrero, docentes del estado Vargas, convocados por varias organizaciones sindicales y magisteriales, protestaron frente a la gobernación de esa entidad exigiendo aumento salarial y que se les cancelara deudas e incumplimientos contractuales. El general y gobernador de ese estado, García Carneiro, haciendo gala de su formación autoritaria, solo les ofreció represión y detuvo a los maestros que dirigían la protesta. Solo la presión y la solidaridad del magisterio y de la población varguense lograron la libertad plena de dichos dirigentes. Ese mismo miércoles 22 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar detienen a Santiago Guevara —profesor de la Universidad de Carabobo, investigador y colaborador permanente de medios de comunicación—, bajo la acusación de “traición a la patria e instigación a delinquir”.

Superando los peores tiempos del pasado, la dictadura de Maduro criminaliza a los civiles violando la propia Constitución que establece que deben ser juzgados por sus jueces naturales. El 25 de febrero, los medios de comunicación reseñan que el tsj (siempre en minúsculas) solicita a la fiscalía que determine si el diputado Freddy Guevara ha usurpado funciones por haber encabezado una investigación por corrupción contra Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, investigación que el tsj declara nula. Fue la última tarea que la dictadura le asignó a la magistrada Gladys Gutiérrez antes de pasarle el mando al cuestionado magistrado Maikel Moreno, señalado por diversas organizaciones de tener prontuario, y quien hoy es el nuevo presidente del máximo tribunal del país.

Acaecidos en apenas 3 días, estos hechos aciagos nos dicen que el ejercicio de cualquier derecho constitucional, como protestar, opinar o investigar la corrupción y denunciarla, buscarán sea aplastado y vetado por el régimen. Vivimos tiempos en que el gorilato se uniforma de variadas maneras: unas veces como gobernador, otras con pasamontañas negras y grandes fusiles y unas más como magistrado-presidente, con dos asesinatos en su haber y pasando por encima de la honorabilidad que exige la Constitución para ser juez, mucho más si es del supremo tribunal. Esto muestra con diáfana claridad que Venezuela está siendo gobernada por mafias y por delincuentes con prontuario, que cualquier pran desearía en su currículo para ganar puntos ante la ministra penitenciaria, Iris Varela.

Asistimos a la descomposición y putrefacción del régimen. La dictadura, ante la pérdida de apoyo popular, apela a la violación sistemática de los derechos políticos y sociales de todos los venezolanos, independientemente de su condición política, social y del cargo que ostenten. En el caso del diputado Freddy Guevara, no solo se usa al poder judicial para criminalizar el ejercicio de la labor parlamentaria, sino que el tsj obstruye e impide la investigación de hechos de corrupción de un funcionario público. Se limita la autonomía del parlamento que tiene como fin controlar la labor del poder Ejecutivo. Se convierte el tsj en la guillotina cómplice y complaciente al impedir se investigue a los funcionarios públicos, muy especialmente si son militantes del PSUV.

La detención del profesor Santiago Guevara es un castigo al delito de opinión. No tolera la dictadura a la inteligencia. Lo suyo es la mediocridad, la mentira y la impostura. Agregamos: para la dictadura, pensar es un delito, y hacerlo con autonomía e independencia, un crimen de lesa humanidad. El régimen emula así al fascismo español, cuando uno de sus gorilas espetó: “Muera la inteligencia, viva la muerte”. Ese es el mensaje que la dictadura envía a todos los que osen criticarla. Y para quienes exijan sus derechos —como los maestros varguenses o los trabajadores de la salud— siempre habrá un gorila vestido de Carneiro o de Rodríguez o de Rangel o de Moreno, que no anda con rodeos para reprimir cualquier protesta y cualquier clamor, por más justos que ellos sean. Y si los salarios no alcanzan ni para alimentarse, pues la cesta alimentaria ya arribó a 600 mil bolívares, entonces habrá “patria” con su respectivo carnet y mucho discurso patriotero para degustar. Y, si te quieres organizar en algún partido político, la dictadura te limita a hacerlo sólo en los que ella permita o les convenga, poniendo toda una serie de limitaciones y suspendiendo a conveniencia elecciones normadas y estatuidas por la Constitución.

Como cualquier dictadura, ésta prohíbe lo más elemental: la vida, el pensamiento, la queja, el voto, el derecho a elegir. Esto nos recuerda al poeta Rubén Blades, quien en una canción crítica de las dictaduras latinoamericanas de hace tres décadas decía: “Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial/ Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar (…) Prohibieron las elecciones y la esperanza popular/ Y prohibieron la conciencia, al prohibirnos el pensar”.

Queremos reiterar nuestra solidaridad con los docentes de Vargas y de todo el país que han sido víctimas de la represión por el solo hecho de exigir sus derechos. Nos solidarizamos con Freddy Guevara ante la pretensión de criminalizar su acción parlamentaria. Nos solidarizamos con el profesor Santiago Guevara y sus familiares y nos unimos a la exigencia de libertad inmediata para él.

Desde Bandera Roja hacemos un llamado a la resistencia y a la movilización. No sucumbamos ante la desesperanza impuesta por los esbirros de la dictadura. Llamamos a ejercer la protesta porque es un derecho. A exigir aumento salarial y mejores condiciones de vida. Llamamos a todos a exigir el cese a la represión. Los venezolanos debemos pararnos firme frente a la dictadura. Para ello los invitamos a construir una fuerza social desde abajo, que se organice desde las asambleas populares y se convierta en una fuerza material que haga frente a los desafueros de la dictadura y pueda desplazarla de la conducción del país. Solo con la movilización y la presión popular podremos darle un parao al Gobierno y sus secuaces.

 

Bandera Roja

Caracas 26 de febrero de 2017

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