Recientemente Human Rights Watch dio a conocer el Informe “Castigados por Protestar”. Dicho documento contiene detalles sobre violaciones de DDHH de manifestantes, al señalar, entre otros aspectos, como el régimen de Maduro ha recurrido a estigmatizar a quienes protestan como violentos. Allí se explica que no es posible calificar de violentos a manifestantes cuando estos son atacados por cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares “pandillas armadas partidarias del gobierno”, y se ven en la necesidad de defenderse con piedras y en algunos casos con bombas molotov, pues no existe proporción entre las acciones defensivas y la forma como los organismos de seguridad han utilizado perdigones a corta distancia para causar lesiones en el rostro y en la cabeza, e incluso armas de fuego para reprimir.
Los casos de detenciones arbitrarias de cientos de jóvenes estudiantes muestra como el régimen ha instaurado una política de estigmatización que se caracteriza por privaciones ilegales de la libertad perpetradas por organismos de seguridad y luego fiscales y jueces han venido avalando dichas detenciones arbitrarias, ordenando medidas privativas de libertad tomando como elementos incriminatorios artefactos, bienes u objetos, que de acuerdo con activistas de DDHH y abogados defensores habrían sido sembrados a los manifestantes.
Los casos de Sairam Rivas y Airam De Araujo reúnen tal magnitud de abusos, arbitrariedades y violaciones de DDHH, que los hacen paradigmáticos. Sairam, quien es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenida el pasado 8 de mayo mientras se encontraba pernoctando en el campamento instalado por el movimiento estudiantil en la Plaza Alfredo Sadel. Su detención se produce al momento que la Policía Nacional y la Guardia Nacional procedieron a desmontar el campamento. Sairam no estaba cometiendo delito alguno al momento de su detención en Las Mercedes. Los hechos por los cuales se le imputaron los delitos de agavillamiento e instigación pública y que la mantienen a la fecha detenida en el Sebin, son producto de reportes de inteligencia que, de acuerdo a sus abogados, no se pueden concebir como elementos probatorios, todo ello en violación a su derecho a la libertad personal, expresión y debido proceso.
Por su parte, Airam De Araujo, estudiante de ingeniería de la Universidad Santa María, fue detenida el 26 de abril del presente año mientras protestaba en el Municipio Baruta. De acuerdo al testimonio de su madre, Airam se encuentra detenida en el INOF en condiciones de hacinamiento, comparte colchoneta con otra reclusa, no tiene acceso a agua potable, su alimentación es deficiente y depende para hacer sus necesidades fisiológicas del agua que sus familiares les llevan los días de visitas, visitas estas que se limitan a un día a la semana.
Los casos de Sairam y Airam, al igual que el de miles de jóvenes estudiantes venezolanos, responden a una política de estigmatización de los manifestantes como grupos violentos. Sus derechos están siendo pisoteados por un aparato represivo que no tolera que jóvenes estudiantes posean convicciones e ideales políticos contrarios al régimen, que hayan decidido protestar no las convierte en delincuentes, y menos aún cuando se trata de procedimientos judiciales donde se han irrespetado las garantías del debido proceso, y se ha llegado al extremo de sustentar delitos en informes, reportes y lista de inteligencia.
@jeisakuvargas

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